El abogado Ángel Lockward dijo este miércoles que el Gobierno dejará RD$200 mil millones en deudas por expropiación de terrenos a particulares, y señaló que el estado de derecho en el país ha tenido un enorme retroceso en los últimos años.

“El Estado de derecho ha retrocedido en el país en los últimos años y, está muy afectado por el desacato judicial, siempre a cargo del Estado; sólo en el ámbito de los recursos de Amparo el expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, declaró que había más de 100 sentencias sin cumplir, todas a cargo de entes públicos y, en el sistema judicial ordinario, son decenas de miles, sobre todo de la SCJ y del TSA”, expresó.

Afirmó que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, dejará deudas constitucionales sobre propiedad superiores a los RD$ 200 mil millones de pesos de los cuales ya hay más de 100 mil millones acumulados, muchos de ellos incluidos cada año en la Ley General de Presupuesto, que nunca paga”.

Sostuvo que “el derecho fundamental a la propiedad está reconocido desde las Cortes de Cádiz y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está en los tratados suscritos por el país y sobre todo, ha estado en todas las constituciones desde 1844 y sin embargo, la institución expropiatoria, luego de haber mejorado en las primeras administraciones del siglo XXI, es letra muerta actualmente”.

Lockward habló en ese sentido al participar en “La Peña Constructiva”, un foro que se reúne cada viernes en el Bambino Gril, para tratar temas de la propiedad privada y de la construcción, donde participan ingenieros, abogados, economistas y otros profesionales del país.

Indicó que “en el ámbito de la propiedad, el Estado es un delincuente que al tener el control de la Justicia despoja a las personas de sus tierras y, cuando estos acuden a los tribunales, primero les dificultad el pago abusando de las vías de derecho con pretextos múltiples, incluyendo solicitudes de documentos no pertinentes o pretextos fiscales que encubren la intención de sus funcionarios de cobrar comisiones para pagar y, cuando finalmente se logra un pago, te somete a persecución judicial”.

“El Estado apena – en este caso presenta recursos de casación – hasta en los casos en que gana, con el sólo propósito de retrasar los pagos hasta que los propietarios fallezcan para entonces exigirles a sus sucesores el pago de impuestos sucesorales con el objeto de retrasar los pagos”, dijo Lockward.