La propuesta de reforma fiscal presentada por el actual gobierno de la República Dominicana
vuelve a evidenciar una constante preocupante: se insiste en pedirle más sacrificios a la
ciudadanía sin que exista una garantía clara de que el Estado esté dispuesto a corregir sus
propias ineficiencias estructurales ni a redefinir sus prioridades de gasto.

Desde la oposición, esta reforma no puede verse como un ejercicio técnico aislado ni como una
simple actualización del sistema tributario. Se trata, en realidad, de una decisión política con
efectos directos sobre el costo de vida, la actividad económica y, sobre todo, sobre la ya frágil
capacidad de consumo de los hogares dominicanos.

El problema de fondo es que el Gobierno vuelve a colocar el peso del ajuste sobre la clase
media y los sectores populares, bajo el argumento de la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, esa
sostenibilidad no puede construirse únicamente desde la recaudación, mientras el debate sobre
la calidad del gasto público sigue siendo postergado o tratado de manera superficial.

En lugar de iniciar por una reforma profunda del Estado —reducción del gasto ineficiente, revisión de nóminas sobredimensionadas, eliminación de duplicidades institucionales y mayor transparencia en la ejecución presupuestaria— se ha optado por el camino más sencillo políticamente, pero más costoso socialmente: aumentar la carga impositiva.

Este enfoque ignora un punto esencial: en una economía como la dominicana, donde una parte
significativa de los ingresos de los hogares se destina a bienes básicos, cualquier incremento
en la presión fiscal o en los costos indirectos del sistema tributario se traduce rápidamente en
pérdida de poder adquisitivo. Es decir, el ajuste no lo absorbe el Estado, lo absorben las
familias.

El Gobierno insiste en que esta reforma tiene un carácter progresivo. Sin embargo, en la
práctica, los efectos indirectos tienden a ser regresivos. El aumento de impuestos a bienes,
servicios y actividades productivas genera un efecto en cadena que termina impactando los
precios finales. Y cuando los precios suben, son los hogares de menores ingresos los primeros
en ver reducido su margen de supervivencia económica.

A esto se suma un elemento clave que el oficialismo evita enfrentar: la falta de confianza en la
eficiencia del gasto público. No basta con prometer que más recaudación se traducirá en
mejores servicios o más programas sociales si no existe un compromiso verificable, medible y
transparente sobre cómo se utilizarán esos recursos adicionale

Las consultas populares que hemos realizado advierten que esta reforma llega en un momento
de desaceleración económica, lo que agrava sus posibles efectos negativos. Aumentar la
presión fiscal en un contexto de menor dinamismo productivo no estimula el crecimiento; por el
contrario, puede frenarlo aún más, afectando la creación de empleo y reduciendo la capacidad
de consumo interno.

El gran ausente en esta propuesta sigue siendo el debate sobre el Estado mismo: su tamaño,
su eficiencia y sus prioridades. Mientras no se aborde este problema de fondo, cualquier
reforma fiscal corre el riesgo de convertirse en un simple mecanismo de recaudación,
desconectado de una verdadera estrategia de desarrollo.

En conclusión, esta reforma no representa una modernización del sistema fiscal, sino una
carga adicional disfrazada de necesidad técnica. Y lo más preocupante es que esa carga no
recae sobre quienes más tienen capacidad de absorberla, sino sobre los mismos sectores de
siempre: los trabajadores, la clase media y los más vulnerables.
Desde la Secretaría de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, el llamado es claro:
antes de exigirle más al país, el Gobierno debe demostrar que ha hecho todo lo necesario para
administrarlo mejor. Porque sin eficiencia del gasto, no hay reforma fiscal que sea justa ni
sostenib